Ciudad de México a 22 de septiembre de 2026.- Durante los primeros dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum, 53 servidores públicos han sido vinculados a proceso penal por delitos relacionados con presuntos actos de corrupción, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, detalló que en este periodo se presentaron 517 denuncias contra servidores públicos ante la Fiscalía General de la República (FGR). De ese universo, 53 personas han llegado a la etapa de vinculación a proceso.
El reporte fue presentado durante la conferencia de la presidenta en Palacio Nacional, como parte del balance de las acciones realizadas por la Secretaría durante los dos primeros años de la administración.
Los delitos detectados incluyen enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y peculado.
Además de las denuncias penales, la Secretaría informó que 4 mil 193 servidores públicos han recibido sanciones administrativas durante el periodo analizado.
De ellos, 3 mil 528 fueron sancionados por faltas consideradas no graves y 665 por faltas graves. Entre las irregularidades identificadas se encuentran la autorización de pagos indebidos, la sustracción de información bajo resguardo de funcionarios, pagos por bienes o servicios que no fueron entregados y compras sin justificación.
También se detectaron casos relacionados con falsificación de documentos y conductas de hostigamiento y acoso sexual.
Buenrostro señaló que mil 737 servidores públicos fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). De estos expedientes, 87 ya fueron notificados como sancionados, mientras que mil 650 continúan en proceso.
La funcionaria explicó que algunas faltas administrativas también pueden constituir delitos, por lo que los expedientes correspondientes son enviados a la FGR para determinar las responsabilidades penales.
El balance de la Secretaría incluyó las sanciones contra particulares vinculados con irregularidades en contratos y operaciones con el gobierno.
En estos dos años fueron sancionadas 286 personas morales. De ellas, 222 recibieron inhabilitación y multa, mientras que otras 64 fueron sancionadas únicamente con multas.
Las sanciones económicas impuestas a estos particulares representan 147.3 millones de pesos, de acuerdo con el reporte presentado por la dependencia.
Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran la presentación de documentación falsa, el incumplimiento de contratos y la simulación de experiencia técnica, personal o capacidad económica para obtener contratos públicos.
También se identificaron casos de posibles conflictos de interés ocultos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también destacó los recursos que, según su balance, se han logrado proteger mediante acciones de prevención y control.
Buenrostro reportó una cifra cercana a 83.8 mil millones de pesos, derivada de distintas medidas implementadas durante los dos primeros años de la administración.
De acuerdo con el desglose presentado, 29 mil millones de pesos corresponden a mejoras en procesos de compras; 42.2 mil millones al seguimiento de la administración de contratos; 4.8 mil millones a sanciones y 7.8 mil millones a medidas de eficiencia en la organización del gobierno. (Independiente)