Torreón, Coahuila; 13 de septiembre de 2026.- Este domingo por la mañana fueron detenidos en su domicilio en esta ciudad el ex secretario del Ayuntamiento de Torreón, José Elías Ganem Guerrero y su esposa Martha Rodríguez Romero, quien fungió como directora del Centro de Justicia Municipal.
Fueron detenidos por elementos de la Policía Federal Ministerial y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Torreón.
Durante su trayectoria como funcionario municipal, Ganem fue señalado por presuntos actos de corrupción relacionados, entre otros asuntos, con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón y otras dependencias municipales.
Martha dejó el citado cargo en septiembre de este año, ya en la administración de Miguel Riquelme, y su gestión estuvo relacionada con cuestionamientos públicos derivados de muertes de personas que permanecían bajo custodia en las instalaciones del Centro de Justicia Municipal.
Ambos fueron trasladados y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, en esta ciudad.
Hasta el momento, la dependencia no ha dado a conocer públicamente el motivo de las detenciones, los delitos que se investigan ni su situación jurídica.
Attolini responde tras detención
Al respecto, el diputado local Antonio Attolini Murra afirmó que la detención realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) representa apenas el primer paso en un proceso que debe conducir al esclarecimiento de los hechos, la determinación de responsabilidades y, sobre todo, a la justicia que durante años han reclamado distintas víctimas en Torreón.
“Esto apenas comienza. Una detención no sustituye un proceso ni significa una sentencia anticipada, pero sí termina con una idea que durante demasiado tiempo quisieron imponer en Torreón: que había personas intocables, protegidas por sus relaciones, por el dinero o por el poder. En Coahuila nadie debe estar por encima de la ley y quien la hace, la paga”, afirmó Attolini.
El legislador recordó que durante los últimos años proveedores, empresarios y ciudadanos han realizado señalamientos y denuncias por presuntos actos de extorsión, intimidación, corrupción y abuso relacionados con Ganem Guerrero. Asimismo, señaló que existen familias que desde hace tiempo reclaman justicia por abusos y posibles violaciones a derechos humanos ocurridos en el ámbito del Centro de Justicia Municipal durante la gestión de Martha Rodríguez.
“Hoy pienso primero en ellos. En quienes tuvieron miedo de denunciar; en empresarios y proveedores que señalaron haber sido presionados o extorsionados; y en las familias que han exigido respuestas por lo ocurrido dentro de las instituciones que estaban obligadas a proteger los derechos de las personas. La justicia no puede reducirse a la detención de dos personas: tiene que llegar hasta las víctimas, conocer toda la verdad y reparar el daño”, sostuvo.
Attolini recordó que tanto él como el senador Luis Fernando Salazar han acudido previamente ante las autoridades para denunciar hechos relacionados con José Elías Ganem y exigir que fueran investigados.
“Nuestras denuncias nunca fueron decorativas. No fueron propaganda ni un recurso para aparecer en los medios. Partían de hechos concretos que pusimos en conocimiento de las autoridades porque consideramos que debían investigarse. La actuación de la Fiscalía General de la República demuestra, cuando menos, que había hechos suficientemente serios como para que las instituciones federales actuaran. Ahora corresponde que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias y que sea la autoridad judicial la que determine las responsabilidades que procedan.”
El diputado subrayó que deberá ser la propia FGR la que informe oficialmente cuáles son los delitos imputados, el contenido de las investigaciones y la situación jurídica de las personas detenidas, por lo que pidió no sustituir el trabajo de las instituciones con especulaciones.
“No buscamos una venganza personal ni un linchamiento. Buscamos algo mucho más importante: verdad, justicia y el fin de la impunidad. Que se conozca qué ocurrió, quién participó, quién se benefició, quién protegió y quién permitió que durante años se acumularan señalamientos sin consecuencias.”
Attolini sostuvo que el caso también debe servir para revisar las redes políticas, administrativas y económicas que pudieron haber permitido posibles conductas ilícitas y abusos de poder.
“Si existen más responsables, tienen que responder. Si hubo funcionarios que encubrieron, deben investigarse. Si hubo recursos públicos involucrados, tienen que recuperarse. Y si existen víctimas, tienen derecho a ser escuchadas y a obtener justicia. No se trata solamente de dos nombres: se trata de desmontar cualquier red de impunidad que haya operado en Torreón.”
Finalmente, el legislador reiteró su confianza en que las instituciones federales desarrollen las investigaciones con estricto apego al debido proceso, al mismo tiempo que pidió que ninguna influencia política o económica interfiera con ellas.
“Durante mucho tiempo algunos se comportaron como si nunca fueran a rendir cuentas. Hoy queda demostrado que el poder no puede ser un salvoconducto para la impunidad. Nadie por encima de la ley. Quien la hace, la paga. Y para las víctimas de Torreón, este tiene que ser apenas el primer paso hacia la justicia.”