Ante la violación de los jueces y magistrados del mandato constitucional de que impartan justicia pronta y expedita, las víctimas de los delitos y los justiciables a quienes no se les hace justicia, ante su justificada desesperación tienen toda la razón del mundo en exigir por todos los medios posibles a las autoridades, que se la impartan.
Pueden manifestarse, marchar, exhibir pancartas, exclamar consignas, hacer huelgas de hambre, hacer plantones, acudir a los medios impresos y televisivos para que publiciten sus protestas, hacer extensiva su inconformidad a través de medios digitales, etcétera; pero todo dentro de la ley sin causar daños a las personas y a las cosas, y procurar lo más que se pueda no molestar a los demás.
Pero a lo que no tienen derecho los manifestantes es a perjudicar a los demás como acaba de suceder en el Palacio de Justicia de Gómez Palacio, Durango, en que la madre de una menor de edad que presuntamente fue violada, apoyada por un grupo social autodenominado “Víboras del Desierto”, inconformes con la sentencia que liberó al supuesto violador, para forzar que sea revocada, bloquearon la entrada y salida a los juzgados civiles y familiares, en los que estaban por acordarse peticiones de alimentos para menores de edad y para mujeres, y girar oficios a los patrones de los demandados para el descuento de la pensión alimenticia.
Deberían los abogados defensores concienciar a sus defendidos que no es con protestas, bloqueos, quemazones, cierres de oficinas, y toda clase de manifestaciones, con lo que se van a resolver las resoluciones de los jueces y magistrados que no le sean favorables, sino es con los recursos legales y con el juicio de amparo, con lo que se obtiene justicia; aunque no podemos negar que todo tipo de manifestaciones públicas influye en el ánimo de los impartidores de justicia en resolver los juicios y recursos, más rápido.
Porque no es justo que se pida justicia con injusticia.













































