El Registro Civil nació con la Ley de Reforma de Benito Juárez, el 28 de julio de 1859, por la que se le arrebató a la Iglesia Católica el control sobre el estado civil de las personas, desde su nacimiento hasta la muerte, pasando por el matrimonio y el divorcio; como una de las instituciones públicas fundamentales del moderno Estado Mexicano; siendo muy grandes sus beneficios para el pueblo pues la Iglesia era intolerante con los nombres que se les ponían a las personas y no autorizaba el divorcio; por lo que se condenaba para siempre a los contrayentes a llevar una miserable vida matrimonial hasta la muerte.
Por ese triunfo de los liberales sobre los conservadores el pueblo de México vio en el Registro Civil, una garantía de su identidad, del derecho a su propia pertenencia, a ser personas sujetas de derechos y obligaciones, a tener mayoría de edad y la ciudadanía, a la laicidad porque antes solamente se registraba a los católicos, y en general a tener una vida digna y decorosa.
Por eso el Estado Mexicano tuvo en su poder absoluto el Registro Civil, como una institución pública; siendo sus titulares los Oficiales del Registro Civil, quienes fueron unos funcionarios públicos con todos los derechos y obligaciones del apartado b) del artículo 123 Constitucional.
Pero sobre todo desde el neoliberalismo el Registro Civil se privatizó entregándoselo a particulares a quienes el gobierno como una especie de concesión les da nombramiento pero no les da sueldo ni ninguna otra prestación laboral ni les da oficinas como a los funcionarios públicos; siendo su única relación con el Estado, comprarles los formatos de las copias certificadas del Registro Civil, mediante computadoras controladas para que paguen esos derechos (especie de ingreso público) y un control muy relativo sobre la moralidad de su actuación.
Los Oficiales del Registro Civil, ponen sus oficinas ya sean propias o rentadas, pagan secretarias, y todos los gastos que se requieren para el desempeño de su trabajo.
Por esa irresponsabilidad del estado el gobierno deja a los Oficiales del Registro Civil, que cobren lo que quieran por el registro de nacimiento, inscripción de divorcios, registro de defunciones, expedición de copias certificadas del Registro Civil y otros servicios.
Es hora de revisar el funcionamiento del Registro Civil para que no se lucre con él en perjuicio de la gente.
