El sonado caso de Israel Vallarta y Florence Cassez, acusados de secuestro por presuntamente pertenecer a la banda de plagiarios Los Zodiaco, vuelve a cobrar importancia porque está en debate la prisión preventiva, la que sufren los acusados penales que enfrentan privados de su libertad un proceso como el que padecieron esos dos personajes desde diciembre de 2005, detenidos en el Rancho “Las Chinitas”, ubicado en la carretera libre México-Cuernavaca, en un operativo montado por la Policía Federal que encabezaba Genaro García Luna, y grabado por Carlos Loret de Mola.
La francesa Florence Cassez, fue condenada en 2007, por un Juez de Distrito, en Materia Penal, a 60 años de prisión, acusada de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército mexicano, y después de haber interpuesto recursos de apelación y juicios de amparo fue liberada el 23 de enero de 2013, al concederle la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un amparo liso y llano no de esos amañados amparos que se conceden para efectos, para efectos de que las autoridades responsables dicten otra resolución en la que siguen sigan violando derechos humanos y garantías constitucionales.
La detención de Florence Cassez, provocó que el Gobierno de su país Francia, solicitara su extradición la que fue negada, lo que causó serios conflictos diplomáticos con México, que cerró sus actividades culturales llamadas El Año de México en Francia, en 2011 cuando el presidente galo Nicolas Sarkozy, declaró que sería dedicado a Florence Cassez; lo que el presidente Felipe Calderón Hinojosa, estimó como una afrenta a México.
Israel Vallarta, acaba de salir libre al dictársele este jueves 31 de julio por sentencia absolutoria que puso fin a un proceso que se alargó por cerca de 20 años, acusado de los mismos delitos que se le achacaron a Florence Cassez; después de haber interpuesto al menos diez apelaciones, seis juicios de amparo, siete recursos de revisión y tres quejas. En 2022, el Comité contra la Tortura de la ONU solicitó medidas de protección, atención médica y alternativas a la prisión para Vallarta, ante las denuncias de tortura sufridas durante su detención; las que fueron atendidas por México.
Aunque ahora son otras muy distintas a las que cometieron esas lamentables injusticias, de todas maneras le son aplicables a las autoridades que acaban de liberar a Israel Vallarta, la expresión de que después de tener casi la mayor parte de su vida a un acusado penal, al ser liberado por inocente, se le diga “Usted disculpe”.
El alargamiento por alrededor de 20 años de estar preso preventivamente fue por si mismo inconstitucional; pues la Constitución garantiza que un proceso penal no debe de durar más de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa.
Por lo que si los jueces no respetan ese derecho humano y esa garantía constitucional, la prisión preventiva debe de desaparecer.