Al menos 54 de las víctimas eran niñas y adolescentes; Sinaloa encabeza las cifras nacionales. La legislación federal contempla penas de hasta 60 años de prisión para quienes cometan este crimen.
Estrellita de la Torre Lomelí
Torreón, Coahuila, a 10 de noviembre de 2026.- El feminicidio es la expresión más extrema y letal de violencia contra las mujeres y las niñas, es definido como el asesinato intencional de una mujer por razones de género, misoginia, machismo, desigualdades, por una relación de poder y subordinación.
Este tipo de acto continúa siendo uno de los problemas más graves de violencia e inseguridad en México. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre de 2026 se registraron 518 víctimas de este delito, de las cuales al menos 54 eran niñas y adolescentes.
Sinaloa encabeza la lista nacional con 97 casos, seguido del Estado de México con 38, Tamaulipas con 34, Ciudad de México con 29, así como Chiapas y Chihuahua, con 28 cada uno. Los datos también reflejan que mil 100 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso durante el mismo periodo, una categoría distinta al feminicidio, pero que también evidencia la dimensión de la violencia contra las mujeres.
A nivel municipal, Culiacán, Sinaloa, concentra 44 casos, seguido de Mazatlán con 21 y Escuinapa con 17. Estas cifras muestran la importancia de fortalecer las acciones de prevención, protección y procuración de justicia.
En el ámbito federal, el artículo 325 del Código Penal Federal establece que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.
La legislación contempla ocho circunstancias para identificar estas razones, entre ellas:
- Que la víctima presente signos de violencia sexual.
- Que existan lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes.
- Que se tengan antecedentes de violencia familiar, laboral, comunitaria, política o escolar por parte del agresor.
- Que haya existido una relación sentimental, afectiva, familiar, laboral, docente o de confianza entre la víctima y el responsable.
- Que existan amenazas, acoso o lesiones previas relacionadas con el delito.
- Que la víctima haya permanecido incomunicada antes de su muerte.
- Que el cuerpo sea expuesto, arrojado o exhibido en un lugar público.
- Que el responsable haya obligado a la víctima a realizar alguna actividad o trabajo, o ejercido alguna forma de explotación.
El mismo artículo establece una pena de 40 a 60 años de prisión y de 500 a mil días multa para quien cometa feminicidio. La sanción puede incrementarse hasta en una tercera parte cuando la víctima sea menor de edad, esté embarazada, sea adulta mayor o tenga alguna discapacidad, así como cuando el responsable sea servidor público y se aproveche de esa condición.
Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades y organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres es que los asesinatos no siempre ocurren como hechos aislados. En muchos casos, la violencia comienza mucho antes, dentro de una relación sentimental, en el entorno familiar o en espacios donde la víctima mantiene una relación de confianza con su agresor.
Las amenazas, los golpes, el control de las actividades personales, los celos extremos, el aislamiento, la violencia psicológica, el acoso y las agresiones económicas pueden convertirse en señales de un entorno de riesgo.
En estos casos las autoridades han reconocido que una parte importante de los casos recientes ocurre dentro del entorno familiar. Incluso, durante 2026 se identificaron hechos en los que los presuntos responsables eran hijos de las víctimas, una circunstancia que ha llevado a las instituciones a reconocer la necesidad de estudiar otras expresiones de violencia que van más allá de las agresiones de pareja.
El combate al feminicidio también exige investigaciones con perspectiva de género, personal capacitado, seguimiento a las denuncias y sanciones para quienes resulten responsables. Más allá de las estadísticas, cada caso representa una vida perdida y familias que enfrentan las consecuencias de la violencia, por lo que garantizar justicia y condiciones de seguridad para las mujeres debe ser una prioridad permanente.
Hay que aclarar que la diferencia entre homicidio y feminicidio no es solamente una cuestión de clasificación legal: permite reconocer la violencia específica que enfrentan las mujeres y establecer responsabilidades penales conforme a las circunstancias del crimen.
Recalcando además que la legislación también contempla sanciones para los servidores públicos que retarden o entorpezcan, de manera maliciosa o por negligencia, la procuración o administración de justicia. En estos casos se establecen penas de tres a ocho años de prisión, multas y la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos de tres a diez años.
De esta manera, el feminicidio no solamente representa la pérdida irreparable de una vida, sino también evidencia las fallas que pueden existir en los mecanismos de prevención, protección y acceso a la justicia. Frente a este panorama, el reto para las autoridades no debe limitarse a castigar a quienes cometen estos crímenes, sino garantizar que las denuncias sean atendidas oportunamente, que las mujeres en situación de riesgo reciban protección y que ningún caso quede impune.
Mientras las cifras continúen reflejando asesinatos de mujeres y niñas por razones de género, la violencia feminicida seguirá siendo una deuda pendiente para las instituciones y la sociedad. La justicia para las víctimas y la protección de quienes aún enfrentan situaciones de violencia deben traducirse en acciones concretas, pues ninguna mujer debería perder la vida por el hecho de ser mujer.
Recuerda que si buscas apoyo institucional, orientación jurídica o psicológica para víctimas de violencia de género, puedes acudir a los centros de justicia locales o consultar los recursos de acompañamiento de organizaciones especializadas.
