Como parte del servicio social que prestamos, han acudido muchas personas en pos de una orientación sobre los problemas que están teniendo con empresas en las que han invertido a veces cantidades millonarias producto de sus pensiones, que a la vez son fruto de muchos años de trabajo, principalmente en el Magisterio.
La mejor publicidad de esas empresas para atraer a nuevos inversores es dándoles a los que ya invirtieron, atractivas ganancias, al principio; como por ejemplo darles 30 mil pesos mensuales por una inversión de 2 millones; lo que los deslumbra; pues desafortunadamente la banca privada da poquito pero segurito.
A los incautos esas empresas los hacen firmar contratos forzosos de 5 años, u otros periodos; obligándoles a no salirse de ellas; para “jinetearles” bien y bonito sus inversiones obteniendo ellas pingües ganancias, y una vez obtenidas éstas las sobras se las dan a los inversionistas a título de dividendos.
Después de algunos meses van rezagándose en el pago de esos dividendos, empezándose a desesperar los inversores por el incumplimiento puntual de sus pagos, hasta que desconfían por completo de esas empresas, que después de investigarlas resultan “fantasmas”; toda vez que no se constituyeron conforme a la ley; no tienen un patrimonio propio, no tienen bienes inscritos a su nombre en el Registro Público de la Propiedad, no están regulados por organismos de empresas inversoras, etcétera; todo lo cual cumple a cabalidad la banca.
Por lo que ante la incertidumbre los inversores acuden a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros CONDUSEF, la que se declara incompetente porque esas empresas “patito” no están constituidas conforme a las leyes federales.
Los domicilios que esas empresas señalan en los contratos, desaparecen o cambian continuamente; las firmas de ellas en los contratos son ilegibles y no tienen los nombres de sus autores; poniendo testigos de “paja”.
Nos informan que son cientos y miles de estos inversores que ya desconfían de estas empresas y que están a punto de perder su único patrimonio, y que ya no hallan qué hacer.
Nuestro consejo es que hagan público por todos los medios de información esta forma sistemática de estafa, para que ya no haya más incautos; y que vayan directamente a la Procuraduría Federal del Consumidor PROFECO, que está obligada a defender a todos los consumidores de bienes y servicios, para que no le echen “dinero bueno al malo”, en sus defensas.
