(AGENCIAS) 04 de julio de 2024.- La conductora de televisión Inés Gómez Mont obtuvo la suspensión definitiva de la petición de que cuatro de sus hijos menores fueran interrogados por la Fiscalía de la CDMX en el caso de presunta violencia familiar que interpuso su ex esposo Javier Díaz en su contra.
La jueza Patricia Marcela Diez Cerda decretó la protección de los menores en el juicio de amparo que la famosa conductora tramitó en junio pasado; no obstante, rechazó ordenar a la misma entidad la suspensión definitiva de la investigación por violencia familiar.
De acuerdo con la titular del Juzgado quinto de distrito de amparo en materia penal, la orden de comparecencia para que los menores sean examinados provocaría que los niños experimentaran de nueva cuenta emociones dañinas.
“Es oportuno puntualizar que la pericial en materia de psicología, tendente a examinar a los menores víctimas, en su calidad de sujetos pasivos de un delito al ser valorados por un perito oficial, implicaría una revictimización o victimización secundaria (…) que conllevan estados de ansiedad, estrés, angustia y malas relaciones interpersonales que afectan su vida cotidiana”, resolvió la magistrada.
Días antes, se informó que la conductora ganó el juicio que interpuso para obtener la patria potestad de cuatro de sus seis hijos, Inés y los trillizos Javier, Bruno y Diego, mismos que no podrán ser entrevistados gracias a la suspensión que decretó la jueza Diez Cerda.
Los problemas legales de Inés Gómez-Mont
Hace unos días, se informó que Inés Gómez Mont había sido demandada por violencia familiar por parte de su ex esposo, Javier Díaz.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación en contra de la presentadora por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar. Esto luego de que Díaz presentó una denuncia de hechos ante las autoridades.
Por otra parte, Inés continúa enfrentando investigaciones federales y órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, así como de participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.