Durango, Durango; 22 de octubre de 2026.- Los alcaldes deben realizar al menos dos audiencias públicas al mes, para atender las necesidades y escuchar a sus representados, planeó la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Sandra Lilia Amaya Rosales, por lo que propuso reformas a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, para establecer dicha obligación.
Al realizar la ampliación de motivos, expresó: “Hagamos de la cercanía con el pueblo una obligación legal y no una promesa de campaña”.
Explicó que la iniciativa plantea que estas audiencias puedan realizarse en las instalaciones de los ayuntamientos o mediante jornadas de atención en colonias, comunidades y localidades de cada municipio, con la finalidad de facilitar el acceso de la población a sus autoridades.
Señaló que detrás de cada solicitud ciudadana existen necesidades que requieren atención, como problemas de agua potable, alumbrado público, rehabilitación de caminos rurales y mejoras en el entorno de las familias, por lo que resulta fundamental contar con mecanismos institucionales para escuchar y canalizar estas demandas.
Subrayó que la propuesta busca que la cercanía entre gobierno y sociedad se convierta en una obligación legal, independientemente del partido político que gobierne cada municipio, y no en una práctica que dependa de la disposición personal de cada administración.
“El gobierno no puede estar alejado del pueblo. Tiene que caminar con él, escucharlo de frente y responder con hechos”, expresó la legisladora, al señalar que el servicio público representa una responsabilidad con la sociedad.
Asimismo, señaló que las condiciones geográficas y económicas de Durango hacen necesario acercar los servicios de atención a las comunidades más alejadas de las cabeceras municipales, donde las distancias y los costos de traslado pueden dificultar que las personas acudan directamente a los ayuntamientos.
La diputada precisó que las audiencias públicas deben ir más allá de reuniones protocolarias, por lo que destacó la importancia de canalizar las solicitudes a las áreas correspondientes, identificar las necesidades prioritarias y dar seguimiento a los planteamientos ciudadanos conforme a las atribuciones y los procedimientos administrativos aplicables.
