Guadalajara, Jalisco a 15 de octubre de 2026.- La actuación de 17 elementos de la Policía de Jalisco se encuentra bajo investigación por presuntas irregularidades y uso desproporcionado de la fuerza durante una manifestación ciudadana por la calidad del agua potable, realizada el domingo 11 de octubre en Guadalajara.
El secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández González, informó que la Unidad de Asuntos Internos integra los expedientes correspondientes para determinar las responsabilidades individuales de los agentes señalados, luego de revisar grabaciones y recabar información sobre el operativo.
Durante una conferencia de prensa, el funcionario reconoció que hubo errores en la activación de los protocolos y que algunos policías habrían reaccionado de manera impulsiva, pese a que esas conductas no formaban parte de las instrucciones establecidas para atender la movilización.
La revisión incluye más de 200 videos captados desde distintos ángulos, material que, junto con las comparecencias y otras diligencias, ha permitido identificar a los elementos que presuntamente incurrieron en actuaciones desproporcionadas. Hernández González explicó que la investigación comenzó por instrucción del gobernador, recibida el lunes posterior a los hechos, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y establecer las medidas correspondientes.
El secretario admitió que la intervención policial provocó afectaciones a personas cuyos derechos debían ser protegidos por las propias autoridades, además de reconocer que lo sucedido perjudicó la confianza de la ciudadanía en las corporaciones de seguridad. También asumió la responsabilidad institucional por las fallas registradas durante el despliegue y sostuvo que los mandos no quedarán fuera de las investigaciones si se determina que incurrieron en alguna omisión o responsabilidad.
Los 17 policías identificados fueron citados a comparecer ante Asuntos Internos, instancia que deberá analizar sus declaraciones y las evidencias disponibles antes de determinar las posibles consecuencias administrativas. De acuerdo con lo informado por el titular de Seguridad, las medidas podrían ir desde una amonestación hasta la separación del cargo, en función de la gravedad de las conductas y del nivel de responsabilidad acreditado. La investigación también contempla posibles faltas de los mandos que participaron en la organización y ejecución del operativo.
El funcionario reiteró que la dependencia mantendrá una política de cero tolerancia frente a las actuaciones que contravengan el deber policial de proteger a la población y respetar el derecho a la libre manifestación. Asimismo, anunció que la Secretaría colaborará con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y entregará la documentación que le sea requerida para esclarecer los hechos.
Además de las investigaciones individuales, las autoridades estatales anunciaron una revisión de los lineamientos que regulan la intervención policial en manifestaciones públicas. Para este proceso se prevé la participación de legisladores, organizaciones civiles, colectivos, representantes empresariales y especialistas en seguridad y derechos humanos.
Hernández González señaló que existen protocolos nacionales y estatales que establecen criterios graduales para el uso de la fuerza, así como condiciones para emplear herramientas y equipos policiales. La revisión buscará reforzar su aplicación y evitar que las actuaciones de los agentes pongan en riesgo a las personas que participan en una movilización.
La protesta del 11 de octubre reunió a ciudadanos inconformes con la calidad del agua que reciben en sus hogares en la Zona Metropolitana de Guadalajara. La movilización, que partió de la Glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco, derivó en enfrentamientos entre manifestantes y policías, además de detenciones y personas lesionadas.
Los hechos generaron cuestionamientos sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y motivaron exigencias de esclarecimiento por parte de distintos sectores. La discusión no se limita a determinar si algunos agentes incumplieron sus obligaciones, sino también a establecer cómo se tomaron las decisiones durante el operativo y qué medidas se adoptarán para garantizar que una protesta ciudadana no derive en vulneraciones de derechos.
Por ahora, la identificación de los 17 elementos representa un avance en la investigación administrativa, pero no constituye por sí misma una resolución definitiva sobre su responsabilidad. El resultado de los expedientes y las medidas que se adopten serán determinantes para conocer el alcance de las sanciones y la respuesta institucional ante los hechos.