La disposición se aplicará a partir del proceso electoral de 2028 y contempla la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
Ciudad de México a 07 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este miércoles el decreto de reforma constitucional que establece como requisito contar únicamente con la nacionalidad mexicana para quienes busquen competir por la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que la modificación ya recibió la aprobación de la Cámara de Diputados, el Senado y la mayoría de las legislaturas estatales, por lo que el siguiente paso es su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La reforma será aplicable a partir del proceso electoral de 2028.
La modificación contempla cambios en los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Entre sus principales disposiciones se establece que quienes tengan otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar el registro de su candidatura ante las autoridades electorales.
La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, explicó que la medida no implica que las personas con doble nacionalidad deban renunciar a ella de manera general. La obligación se activa cuando pretendan competir por alguno de los cargos contemplados en la reforma.
Además, la reforma establece restricciones para quien ejerza la Presidencia de la República, pues no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad durante el desempeño del cargo. También se contemplan disposiciones relacionadas con el uso de documentos de identidad extranjeros, el ejercicio de derechos políticos inherentes a otra ciudadanía y la protección diplomática de otro Estado.
Gobierno defiende la medida por razones de soberanía
Desde que presentó la iniciativa en agosto, Sheinbaum ha argumentado que la modificación busca garantizar que quienes ocupen los cargos de mayor responsabilidad política en el país mantengan una sola nacionalidad y que sus decisiones estén vinculadas exclusivamente con los intereses de México.
La Presidencia había señalado que la reforma busca corregir un vacío interpretativo derivado de la relación entre distintos artículos constitucionales que regulan los requisitos de nacionalidad para ocupar estos cargos.
Sin embargo, la propuesta también generó críticas durante su discusión legislativa. Sectores de oposición señalaron que la medida podría restringir los derechos políticos de mexicanos que poseen doble nacionalidad, particularmente de quienes residen en el extranjero.
El PAN sostuvo durante el debate que la reforma afecta a millones de mexicanos con vínculos legales con otros países y cuestionó que la restricción se concentre en la Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno, mientras legisladores federales pueden mantener otra nacionalidad.
También se pronunciaron en contra representantes de organizaciones vinculadas con la comunidad mexicana en Estados Unidos. Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico y ciudadano mexicano-estadounidense, argumentó que la lealtad hacia México no debería determinarse por el número de nacionalidades de una persona, sino por sus acciones y trayectoria.
La reforma establece que las nuevas reglas no modificarán las condiciones de la elección de 2027, sino que comenzarán a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028.
Con la firma presidencial, el proceso de reforma constitucional entra en su etapa final de publicación, mientras queda pendiente la aplicación de las disposiciones secundarias que definirán los procedimientos para acreditar la renuncia a una segunda nacionalidad antes del registro de las candidaturas.
