(AGENCIAS) Ciudad Juárez, Chihuahua; 14 de febrero de 2026.- En tanto que familiares de 386 víctimas exigen justicia, el dueño del crematorio Plenitud, José Luis «N», quedó en libertad gracias a un amparo. El negocio tenía abandonados, embalsamados y en condiciones insalubres los cuerpos, y entregaban urnas con cenizas falsas.
En medio de reclamos de justicia de los deudos, un Tribunal de Control ordenó este viernes la libertad de José Luis A.C., propietario del Crematorio Plenitud, donde hace casi 8 meses se localizaron 386 cuerpos embalsamados, acumulados y en condiciones insalubres.
El 12 de febrero el juez federal Séptimo de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez, otorgó un amparo al empresario en contra de la vinculación a proceso que recibió hace siete meses, por la posible comisión de los delitos de ocultamiento de cuerpos que se les entregó para su incineración, así como por conservarlos de manera ilícita.
Para dar cumplimiento a ese amparo, la noche del viernes 13 de febrero se realizó una audiencia en Ciudad Judicial, a cargo del juez de Control Héctor Josué de Luna León, en la que se revocó el auto de vinculación que se había emitido el 4 de julio del 2025 contra José Luis y se ordenó dejarlo en libertad con base a la resolución del juez federal donde se estableció que en el crematorio se cometió una falta administrativa, no un delito.
El juzgador local dijo que, con base al amparo otorgado por un juez federal, el dueño del Crematorio Plenitud no ocultó, ni conservó de forma ilícita los cadáveres, y que por haber sido sometidos a un proceso de embalsamamiento se cumplió con la Ley General de Salud, aunque Luna León señaló que no se hizo la disposición final, es decir, las personas fallecidas no fueron inhumadas ni cremadas.
En la resolución del juez federal emitida a favor de José Luis, se establece que el haber incumplido con las medidas de conservación y con la cremación o inhumación es una falta administrativa que “no tiene relevancia para el Derecho Penal”, por lo que se ordenó su inmediata libertad.
Esta decisión judicial desató la inconformidad de familiares de víctimas del crematorio, así como de colectivos que luchan por la memoria y dignidad. Algunos de ellos acudieron hasta Ciudad Judicial la noche de este viernes para manifestar su molestia por la libertad otorgada a José Luis A.C., pero no se les permitió ingresar a la audiencia pública.
“Como somos gente humilde que no tenemos ni un pinche peso y él está podrido en dinero, el gobierno lo está apoyando. ¿Por qué no nos apoyan?”, expresó visiblemente enojada la mamá de un hombre cuyo cuerpo tenía tres años en el crematorio al momento que las autoridades hicieron el hallazgo. La mujer pidió la reserva de su nombre por cuestiones de seguridad.
Los dos colectivos que agrupan a familiares de las víctimas del crematorio también manifestaron su reclamo e indignación por la libertad otorgada a José Luis A.C. En posicionamientos separados emitidos a la opinión pública y en los que se dirigían a la presidenta Claudia Sheinbaum, el Grupo Memoria, Dignidad y Justicia, así como Justicia para Nuestros Deudos aseguraron que han dejado en un estado de indefensión a las víctimas y sus familiares, en un total y absoluto abandono judicial.
“La comunidad no pide favores, exige justicia. La memoria de nuestros seres queridos no puede ser tratada como desecho. La responsabilidad del Estado es proteger la dignidad humana y garantizar que nunca más se repita una tragedia de esta magnitud”, expuso el colectivo Justicia para Nuestros Deudos, en un documento donde además pidió la renuncia inmediata del Fiscal en la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, “por su evidente falta de capacidad para garantizar justicia” y que las autoridades federales atraigan el caso.
A su vez, el Grupo Memoria, Dignidad y Justicia, señaló en su posicionamiento que “la justicia que se demora o que se pierde en tecnicismos de amparo, no es justicia. Es complicidad” y pidió la revisión del juez Rivas Martínez y la atracción del caso por la Fiscalía General de la República “ante la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades locales para sostener una acusación digna”.