Los defensores de quienes durante 20 años percibieron pensiones de hasta 1 millón de pesos mensuales, siguen insistiendo en que su eliminación viola el artículo 14 Constitucional que garantiza la irretroactividad de las leyes, al decir textualmente su primer párrafo: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.
Una interpretación es que en principio lo que está garantizando la Constitución, es que la ley a la que se refiere como irretroactiva es una ley secundaria, pero no una ley constitucional como es el caso del artículo 127 de la Carta Magna, que se está reformando para poner como tope máximo del monto de las pensiones a los ex funcionarios públicos, el 50% del sueldo que gana el o la Presidenta de la República, que ahorita son 134 mil 290 pesos; es decir, que las pensiones no podrán exceder de 67 mil 145 pesos mensuales.
Dentro del proceso del Poder Constituyente Permanente, para poder reformar la Constitución, esta reforma ya fue aceptada por más de las dos terceras partes de los individuos presentes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y aprobada hasta ahorita por dos de las 17 legislaturas locales por lo menos que exige la Constitución para su reforma; lo que al ocurrir en los próximos días, será promulgada por el Ejecutivo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, e inmediatamente entrará en vigor.
Insisten también esos defensores de las llamadas “pensiones millonarias”, que no pueden quitar ese millón de pesos de pensiones mensuales, que porque son derechos adquiridos; lo cual no es cierto, pues ninguna ley les concedió ese derecho, sino que las reciben porque así lo acordaron ellos mismos, los de arriba, para su propio e individual beneficio.
¿Cuánta educación, cuanta salud, cuanta seguridad pública, cuanto bienestar social obtendrá el pueblo con la eliminación de las “pensiones doradas”? indudablemente que muchísimo.
Además, esto servirá de precedente para que en todo México, no se asignen pensiones a los ex funcionarios públicos de los niveles Federal, estatal y municipal, por arriba del 50% del sueldo mensual de la Presidenta.
En este tema se conocen quienes están en favor y quienes están en contra del pueblo.
