- La Auditoría Superior de la Federación recurre por primera vez a informantes que buscan reducir sus sanciones; las indagatorias incluyen testimonios, documentos, registros financieros y mensajes que podrían revelar una red de contrataciones irregulares.
Ciudad de México a 09 de noviembre de 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una nueva línea de investigación sobre posibles irregularidades en contrataciones públicas relacionadas con grupos empresariales y organismos electorales, mediante un mecanismo de colaboración con personas que buscan obtener beneficios en la reducción de sanciones.
Se trata de un procedimiento inédito para el organismo fiscalizador, que por primera vez desarrolla indagatorias con la participación directa de informantes acogidos al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, establecido en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Las aportaciones de estas personas han permitido reunir información sobre la presunta operación de irregularidades en procesos de contratación pública que se habrían prolongado durante varios años.
Entre los elementos incorporados a las investigaciones se encuentran testimonios, expedientes documentales, fotografías, videos, datos financieros, domicilios y conversaciones de WhatsApp, además de nombres y alias de personas que podrían estar relacionadas con los hechos.
La información recabada abarca a distintas empresas, sus beneficiarios finales y personas servidoras públicas, lo que ha permitido a la ASF identificar posibles vínculos entre particulares y funcionarios en el desarrollo de procedimientos de adquisición y contratación.
Uno de los principales hallazgos apunta a que los beneficiarios finales de algunas compañías presuntamente habrían participado directamente en la selección de proveedores y en la elaboración de requisitos técnicos, con el propósito de orientar las decisiones hacia empresas de sus propios intereses.
Este tipo de prácticas, de confirmarse, representaría un posible conflicto de intereses y un uso indebido de los procedimientos de contratación pública para beneficiar a determinados grupos empresariales.
La Auditoría Superior de la Federación informó que las investigaciones continúan y que entre sus objetivos se encuentra identificar a otras personas posiblemente involucradas, reconstruir el recorrido de los recursos públicos y determinar las responsabilidades administrativas o legales que correspondan.
El caso representa un nuevo mecanismo de fiscalización para detectar posibles esquemas de corrupción, al incorporar información proporcionada desde el interior de las estructuras investigadas. Sin embargo, las responsabilidades deberán establecerse conforme avancen las indagatorias y se acrediten los hechos.