En su afán porque se le respete sus derechos el pueblo de México, siempre se ha organizado para defender sus derechos conculcados por el gobierno, en sus tres ámbitos: Federal, Estatal y Municipal; creando asociaciones, sociedades, organismos, a los que se les ha dado distinta denominación de acuerdo con la problemática de la época.
Cuando la violación a los derechos humanos se cometió escandalosamente estaba en su apogeo, en los 80’s y 90’s del siglo pasado, los particulares crearon los Organismos No Gubernamentales ONGs, que proliferaron en el país con diversos nombres, forzando al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, y a los gobiernos de los estados a crear las comisiones estatales de los derechos humanos.
Como esa defensa de los derechos humanos era de las personas con vida y localizadas, los familiares de las personas secuestradas, desaparecidas o muertas, entonces crearon los Colectivos, grupos que se organizaron para que formando un buen equipo, con orden, estructuración y disciplina se dieran a la tarea de buscar a sus familiares ausentes en contra de su voluntad; para encontrarlos vivos o muertos.
Estos Colectivos están haciendo lo que el Estado no hace por incapacidad o por complicidad o por temor a la delincuencia organizada, que es la responsable de los secuestros, las desapariciones y las muertes; y que sin dinero público haciendo gastos de su bolsillo, las y los buscadores se desplazan de un lugar a otro, a veces de largas distancias, en búsqueda de sus seres queridos.
La incapacidad, la complicidad y el temor del Estado para la búsqueda, es tan evidente que apenas se puede creer que por ejemplo una de las administraciones municipales de años anteriores de Torreón, Coahuila, para determinar el valor catastral para que con base en él subir el Impuesto Predial, con drones veían desde lo alto las nuevas construcciones en los patios de las casas; dándose el caso jocoso de que al techo del lavadero los inspectores de Tesorería Municipal, lo confundieron con un nuevo cuarto; aumentándole el valor catastral.
Y que en cambio las autoridades no hayan podido usar drones para ver desde lo alto lo que había en el interior del “Rancho Izaguirre”, de la comunidad La Estanzuela, del municipio de Teuchitlán, Jalisco.
Tuvieron que ser los Colectivos los que hicieron el hallazgo de restos humanos, pertenencias personales como tenis, zapatos y otros objetos, y algunos rastros de ejecuciones y de exterminio, en el interior del rancho; para que las autoridades competentes (incompetentes por incapaces), hasta ahora apenas empiecen a investigar lo que debieron haber hecho desde hace trienios municipales y sexenios estatales y federales en cumplimiento de su deber como gobernantes de cuidar la vida y saber el paradero de todos los habitantes del país.
Esto debe darles vergüenza a todos los funcionarios públicos porque han sido exhibidos como un peligro y una amenaza, mayor que de la propia delincuencia organizada, para todos los habitantes de México, porque lo que debieron hacer como autoridades no lo hicieron y en su lugar lo están haciendo los Colectivos.












































