Las tres anteriores transformaciones del país, también tuvieron sus dificultades; la Independencia, con las leyes de la colonia española que impedían que los beneficios del gobierno llegaran a todos; pues todavía protegían a los fueros religioso y militar, y a los potentados; desprotegiendo a los desvalidos; hasta la Constitución de 1824, que empezó a ver por el bienestar de las grandes mayorías en todo el país, mediante el Federalismo.
La segunda gran transformación, la Reforma, tuvo como grandes obstáculos para beneficiar al pueblo, a la Iglesia, que era la propietaria de bienes, de tierras, de bancos y de los grandes negocios, que actuaba en contubernio con el gobierno y los potentados; por lo que con la Constitución de 1857, las leyes de reforma, que se incorporarían a ella; se dio la separación de la Iglesia y del Estado, nacionalizando los bienes de aquella.
La tercera gran transformación, la Revolución, también tuvo que enfrentarse a todo el andamiaje jurídico y político del Porfiriato, régimen que durante más de 30 años, había hecho un Estado de Derecho, a su conveniencia; beneficiando solo a unos cuantos potentados y perjudicando a las grandes mayorías, que dejó al desamparo de la salud, la educación y de todas las libertades que necesita un pueblo para vivir en paz y poder progresar; hasta que con la Constitución de 1917, pudo hacer realidad la transformación.
En esas tres grandes transformaciones los poderes que han ido de la mano para poder lograrlas, han sido el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, cuyos Presidente de la República, Diputados y Senadores, son elegidos por el pueblo; por lo que a él se deben y a él tienden a beneficiarlo con reformas constitucionales y nuevas leyes, que cumplan con su razón de ser: expresiones de la voluntad del pueblo.
Pero el Poder Judicial, es un poder conservador por naturaleza, que quiere mantener vigente el establishment, el estado de cosas anterior, con todos sus injustos privilegios y sus beneficios para unos cuantos; mostrándose reticente ante los necesarios y urgentes cambios que la población reclama y el país necesita para formar parte de la modernidad del concierto de las naciones.
Estamos viendo que la mayoría de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, máximo órgano del Poder Judicial de la Federación, ha estado invalidando leyes del Congreso de la Unión, cabeza del Poder Legislativo, promovidas por el Presidente de la República, jefe del Ejecutivo, que buscan evitar despilfarros en el Instituto Nacional Electoral INE, con el multimillonario presupuesto que leyes anteriores les autorizaron y que beneficiaban a su Presidente, con una estratosférico sueldo y otras canonjías y sinecuras.
Como “buenos leguleyos” que son esos Ministros de la SCJN, cualquier pretexto es bueno para echar abajo las nuevas leyes del Legislativo; como lo acaban de hacer invalidando las leyes electorales que buscaban beneficiar al pueblo; dizque porque no se siguieron las “formas” para elaborarlas; dando muestras una vez más que para eso aplican el cómo no, en lugar del como sí.
Siendo una de las soluciones para que el Poder Judicial sea popular, o que el pueblo elija con su voto a los Ministros de la SCJN, o que a estos los proponga el pueblo para que los designe el Congreso de la Unión, con la aprobación del Ejecutivo.
Porque encerrados esos Ministros de la SCJN, como están en su Torre de Marfil, que son las cuatro paredes de su recinto, ganando alrededor de un millón de pesos cada uno al mes, no ven las penurias del pueblo.