La presidenta afirmó que las responsabilidades ya fueron investigadas durante el gobierno de López Obrador; la defensa de las víctimas anunció que impugnará la resolución judicial que absolvió al exfuncionario.
Ciudad de México, 14 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que su gobierno promueva una nueva investigación contra Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), luego de que un juez federal lo exonerara por el caso del incendio ocurrido en marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas migrantes y otras 27 resultaron lesionadas.
Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, la mandataria sostuvo que el caso ya fue objeto de investigaciones y que durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se atendieron los procedimientos relacionados con las responsabilidades de los involucrados y la reparación del daño a las víctimas.
“No. Se hizo una investigación, se hizo durante el periodo del presidente López Obrador, la reparación de daños, todo lo que tenía que ver con las víctimas y la investigación de las responsabilidades. Y esto es lo que determinó el juez”, declaró Sheinbaum al ser cuestionada sobre la posibilidad de abrir nuevas indagatorias contra el exfuncionario.
La presidenta insistió en que la resolución corresponde a las autoridades judiciales, que revisaron las actuaciones y determinaron las responsabilidades individuales de las personas involucradas en los hechos.
“Es lo que determinaron los jueces”, respondió, al reiterar que, de acuerdo con lo expuesto, se realizó una investigación sobre las responsabilidades de cada uno de los implicados.
Juez federal absolvió al excomisionado del INM
La resolución judicial se emitió la noche del martes 13 de octubre, después de una audiencia que se prolongó por más de siete horas en Ciudad Juárez. El juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón determinó que Garduño cumplió con las condiciones establecidas el 24 de enero de 2025 para acceder a la suspensión condicional del proceso.
Entre las medidas impuestas al entonces funcionario se encontraban el pago de indemnizaciones, la presentación de una disculpa pública y la participación en cursos de capacitación en materia de derechos humanos y protección civil.
Una vez acreditado el cumplimiento de dichas condiciones, el juzgador resolvió el sobreseimiento del procedimiento, con efectos de sentencia absolutoria, por lo que Garduño no tendrá antecedentes penales derivados de este caso.
Incendio dejó 40 migrantes muertos
Los hechos ocurrieron el 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria del INM, ubicada en las inmediaciones del puente internacional que conecta Ciudad Juárez con El Paso, Texas.
De acuerdo con las reconstrucciones del caso, el incendio comenzó cuando un grupo de migrantes prendió fuego a colchones como protesta por las condiciones en las que permanecían detenidos. Durante la emergencia, personal del Instituto Nacional de Migración y elementos de una empresa de seguridad privada no abrieron las puertas de las celdas mientras el humo se extendía por las instalaciones.
La tragedia dejó un saldo de 40 personas fallecidas y 27 lesionadas. Además, 15 mujeres sobrevivientes presentaron estrés postraumático, aunque, según la información proporcionada, no fueron reconocidas formalmente como víctimas.
Tras el siniestro, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció acciones penales contra Garduño por su presunta responsabilidad en el incumplimiento de sus obligaciones para vigilar, proteger y garantizar la seguridad de las personas y las instalaciones bajo su cargo.
Defensa de las víctimas prepara apelación
Durante la audiencia en la que se resolvió el caso, la agente del Ministerio Público adscrita a la FGR, Iliana Ruiz Bautista, señaló que la representación social no se opuso al sobreseimiento del procedimiento.
La funcionaria explicó que, después de dejar el cargo, Garduño instruyó encauzar un fideicomiso destinado a cubrir indemnizaciones pendientes para las víctimas. Con este mecanismo se realizaron pagos por un total de 3 millones 500 mil pesos a ocho personas, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia.
Sin embargo, la resolución no fue bien recibida por la representación legal de las víctimas. Marcos Zavala, abogado de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), anunció que promoverán un recurso de apelación para impugnar la decisión judicial.
Mientras el Gobierno federal descartó impulsar una nueva investigación, la inconformidad de los representantes de las víctimas abre la posibilidad de que la resolución sea revisada mediante los recursos legales correspondientes. El desenlace de esa impugnación será clave para conocer si la absolución de Garduño se mantiene.
